EUROPA PRESS El informe, llamado 'El minotaure del 78', repasa acontecimientos desde la preparación del 9-N hasta el momento actual.El partido destaca que en Cataluña existen 120 personas investigadas penalmente por procedimientos vinculados al derecho a la autodeterminación, aparte de las 712 alcaldías.El exdiputado de la CUP, Benet Salellas, ha asegurado que señalar las vulneraciones es la mejor manera de recuperarse.La CUP llevará esta semana a la Organización Mundial contra la Tortura y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un informe elaborado por la formación sobre la "violencia institucional del Estado contra el proceso de autodeterminación" de Cataluña entre 2015 y 2017Presentado en rueda de prensa por los exdiputados en el Parlament Benet Salellas y Mireia Vehí y el alcalde de Sabadell, Maties Serracant, y la primera teniente de alcalde de Cerdanyola del Vallès, Elvi Vila, pretende ser una "fotografía de la violencia institucional" y repasa acontecimientos desde la preparación del 9-N.El estudio El minotaure del 78, iniciativa de las alcaldías de Sabadell, Cerdanyola, Argentona, Sant Martí Sarroca (Barcelona) y Soriguera (Lleida), quiere hacer un "inventario de casos represivos", ha apuntado Salellas, y ha asegurado que otros informes se centran en Barcelona y el 1-O y que éste también da cuenta de los meses anteriores y posteriores.El informe señala que existen en Cataluña 120 personas investigadas penalmente por procedimientos vinculados a ejercer el derecho a la autodeterminación, que se suman a las 712 alcaldías, lo que hace un total de 832, "de forma mayoritaria cargos electos", ha apuntado Salellas.También contabiliza en 1.066 los "lesionados por la violencia institucional" el 1-O en 33 municipios, de los que al menos 400 han interpuesto denuncia; asimismo, también cifra en 67 las denuncias por presuntas agresiones de la extrema derecha."Operación de Estado"Salellas ha considerado que esta violencia forma parte de "una operación de Estado" que pone en riesgo derechos y busca un efecto desanimador, y ha señalado que informar de las vulneraciones es la mejor manera de recuperarse.La exdiputada Mireia Vehí ha asegurado que el informe desmiente "la lógica de pacificar" del PP con la aplicación del 155 , y demuestra que su implementación no es una medida para resolver la situación.Ha advertido de que el 155 "se pueda estirar 'ad infinitum", y ha aplaudido que, ante la imposibilidad de tirar adelante medidas, sean los ayuntamientos los que impulsen el informe.Vila ha asegurado que toca dar un paso adelante a los ayuntamientos como "ariete de defensa" de las libertades y derechos, y Serracant ha subrayado que se necesitan herramientas como el informe para hacer una lectura de los hechos.Además de llevar el informe a Ginebra, Vehí ha dicho que de cara a la próxima legislatura se deben generar instrumentos garantes de derechos, ya sea en forma de comisión de investigación o mecanismos que "reparen los daños causados" para garantizar que no se repitan.

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